El Poder Ejecutivo presentó hoy al Congreso de la República, las propuestas de reforma política que permitirán construir un sistema democrático más representativo, eficaz y legítimo en el país.

Dichas iniciativas planteadas tienen como sustento el informe presentado por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que estableció importantes aportes destinados a fortalecer la institucionalidad política y la democracia en el Perú.

Entre los tres proyectos de reforma constitucional se encuentra el que busca el equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con el objetivo de establecer contrapesos entre ambos estamentos del Estado. En ese sentido, se propone incluir la prohibición de postular inmediatamente a quien ejerza el cargo de Presidente de la República.

Por otro lado, se encuentra la reforma que modifica los impedimentos para ser candidato a cualquier cargo de elección popular, la cual busca mejorar la idoneidad de los postulantes. Así, se plantea que quienes tienen sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso con pena mayor de cuatro años, no puedan postular.

Asimismo, se propone una reforma que amplía el mandato regional y municipal a cinco años, lo que permitiría ordenar el calendario electoral de modo tal que las elecciones generales coincidan con las regionales y municipales.

Las propuestas presentadas hoy al Parlamento, incluyen, además, nueve proyectos de ley que plantean que la elección al Congreso se realice en la segunda vuelta presidencial, a fin de garantizar una mejor representación. Asimismo, se elimina el voto preferencial y se establece la paridad y alternancia en la lista de candidatos.

De otro lado, se encuentra la iniciativa legislativa que promueve la democracia interna y la participación ciudadana en la selección de candidatos, estableciendo elecciones internas, abiertas, simultaneas y obligatorias organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En cuanto a la inscripción y cancelación en el registro de las organizaciones políticas, se propone reducir las barreras de ingreso al sistema de partidos eliminando los requisitos de firmas de adherentes y comités, que no prueban un verdadero apoyo ciudadano, por un porcentaje de afiliados al partido. También se proponen exigencias para mantener la inscripción vigente, como participar en los procesos electorales y conseguir un número mínimo de representantes al Congreso.

Respecto del financiamiento de organizaciones políticas, se plantea mejorar la rendición de cuentas, principalmente durante las campañas. Esta medida servirá para luchar contra la corrupción en los procesos de elección. Además, se mejora el control y las sanciones administrativas, penales y políticas. También se plantea la modificación de los impedimentos para ser candidatos, exigiendo la presentación de la declaración jurada de intereses.

Sobre la inmunidad parlamentaria, se propone que el levantamiento de la misma no sea competencia del congreso, sino de la Corte Suprema de Justicia, a fin de garantizar que, como todo ciudadano, si un congresista comete un delito sea investigado y sancionado. Esto garantiza que las denuncias contra los parlamentarios no sean utilizadas para presionar o evitar que ejerzan su rol fiscalizador.

Dentro de los mecanismos para promover la participación electoral y pública se propone un pago para los miembros de mesa y se incluyen medidas para garantizar que la población que no pueda votar por enfermedad, discapacidad severa o por estar detenidos sin condena, pueda ejercer su derecho. También se propone eliminar la "ley seca" y la reducción de la prohibición de difusión de encuestas a 24 horas antes del día de la elección.

Respecto de las elecciones regionales y municipales, se plantea que el mandato regional y municipal sea de cinco años, se elimina la segunda vuelta, y se incluye la paridad y alternancia en las listas. Asimismo, se incluye la exigencia para que el candidato resida por dos años en la circunscripción, con la finalidad de que el postulante conozca la realidad de la zona.

Finalmente, se proponen mecanismos para una mayor fiscalización y control por parte de los consejos regionales y concejos municipales, a través de herramientas para una mejor fiscalización a los gobernadores y alcaldes

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