El jefe de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha aceptó un pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff por adulteración de las cuentas públicas, un proceso que podría poner fin a su mandato.

"Es autorizar la apertura, no dar un juicio de mérito; será la comisión especial que podrá acoger o rechazar el pedido”, afirmó.

La decisión de este poderoso legislador evangélico investigado por corrupción en el marco del megafraude a la estatal Petrobras deberá ahora ser analizada por una comisión de diputados cuya conclusión será votada por el plenario de la Cámara.

Con 342 aprobaciones del total de 513 diputados, Rousseff podría ser apartada de su cargo a poco de haber asumido su segundo mandato el 1 de enero pasado. 

Luego el plenario del Senado la juzgará y en caso de que dos tercios de la cámara alta (54 de 81) levanten su mano afirmativamente Rousseff perderá su mandato y será sustituida por su vicepresidente, Michel Temer (PMDB, centro), hasta las próximas elecciones presidenciales de 2018.

"No hago esto con ninguna felicidad, sé que es un gesto delicado en un momento en que el país atraviesa una situación difícil desde el punto de vista tanto económico como político”, añadió Cunha, cuyo cargo también está en juego por la investigación de Petrobras.

El paso inicial para un eventual juicio político a la presidenta, cuya gestión es aprobada apenas por un 10% de la población, sumerge a la séptima economía del mundo en una crisis de final incierto tras un año turbulento. 

A esto se suma una profunda crisis económica: Brasil atraviesa una recesión que durará dos años consecutivos según todo pronóstico, la más larga desde 1930-1931, informó la agencia AFP. 

/CCH/ Andina