El secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, consideró que la decisión del Senado de someter a juicio político a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, compromete la gobernabilidad democrática de la región.

El actual proceso de destitución de la mandataria abre una serie de preocupantes e interrogantes no solo para la consolidación del Estado de derecho en Brasil y su gobernabilidad democrática, aseguró a nombre de la Secretaría General de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR).

Para nadie es un misterio el peso que tiene Brasil en la región, y estas circunstancias de inestabilidad que se han venido viviendo y se podrían profundizar con la decisión adoptada, podrían trasladarse de manera peligrosa a la región, insistió en conferencia de prensa en Ecuador.

Además Samper comentó que UNASUR registra con mucha preocupación la existencia en Latinoamérica en general de unos poderes fácticos, de unos actores políticos que están haciendo política sin responsabilidad y que de alguna manera comprometen la gobernabilidad democrática del área.

Para nosotros está absolutamente claro que no es posible la destitución de un presidente si no existen causas que comprometan su conducta personal en la comisión de algún delito, expuso para recordar de este modo un planteamiento del acta constitutiva de Unasur.

Según el secretario general de la entidad, no hay una sola imputación en el proceso contra Rousseff que comprometa la conducta personal de la presidenta de Brasil, y los cargos de carácter administrativo formulados no dan lugar a un proceso de destitución como el ya iniciado.

En ese sentido sostuvo que de aceptar esta teoría, ningún presidente quedaría exento de que el día de mañana una simple actuación administrativa que se considere equivocada pudiera ser encauzada en el Congreso de su país e inclusive llevada hasta una destitución, que es lo que actualmente está sucediendo, sostuvo.

De acuerdo con Samper, mientras este proceso siga adelante, Rousseff continúa ostentando el título de presidente constitucional del país y en ese sentido solicitó que se le garantice el derecho de defensa con las garantías correspondientes.

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