La Contraloría General identificó indicios de responsabilidad penal en funcionarios del Fondo de Vivienda Policial – FOVIPOL, fondo adscrito a la Policía Nacional del Perú, que habrían transferido sin autorización S/. 45 163 855 para favorecer a una empresa privada con el financiamiento de un complejo de viviendas y brindar préstamos, sin cumplir con la normativa y el convenio suscrito.

La auditoría detectó que con fondos aportados por el personal policial y el Estado, se financió irregularmente la construcción de 504 casas del proyecto “Estancia de Lurín” a través de un convenio suscrito con una empresa constructora, sin la autorización del directorio de FOVIPOL y sin analizar otras propuestas y mejores condiciones para los beneficiarios.

Los funcionarios tampoco cautelaron los fondos al permitir el otorgamiento de préstamos sin que se efectúe previamente la calificación correspondiente a todos los interesados en la adquisición de viviendas, no establecer penalidades para los casos de incumplimiento de la entrega de casas y debido a que no se registraron los voucher o comprobantes de pago de los tres depósitos de transferencia de dinero en los registros del libro banco.

De acuerdo a la información analizada, se habría transgredido la Ley N° 27801 “Ley que modifica el Régimen Legal del Fondo de Vivienda Militar y Policial”, que establece el destino correcto de estos fondos,  igualmente el Convenio de Cooperación Estratégica Interinstitucional, suscrito entre el FOVIPOL y la empresa constructora, en la que señala las obligaciones de dicho Fondo, la forma de los desembolsos y calificación de los fovipolistas compradores de las viviendas, así como las Resoluciones de Contaduría N°067-97-EF/93.01 y N°180-EF/93.01 que señalan la obligación de elaborar el comprobante de pago por los desembolsos efectuados, que permitía registrar la transferencia de los recursos, entre otra normativa.

Viviendas no entregadas

Es importante precisar que el proyecto de vivienda “Estancia de Lurín” se realizó en dos etapas, en la primera se pactó la entrega de 202 viviendas y en la segunda etapa 302, es decir 504 viviendas. A diciembre de 2011, cuando ya se había realizado la transferencia de los S/. 45 163 855 del FOVIPOL a la empresa constructora, las viviendas debieron estar vendidas a los fovipolistas interesados, sin embargo a noviembre de 2013, se reportó que 132 estaban pendientes de entrega a los compradores y 12 viviendas aún no habían sido vendidas.

El incumplimiento de los plazos de entrega ameritaría el pago de una penalidad, pero esa posibilidad no fue contemplada en ningún documento que cautele los intereses de dicho Fondo Policial, por lo que se evidencia un favorecimiento a la empresa constructora.

Asimismo, el favorecimiento se advierte, cuando en la primera etapa, diez prestatarios desistieron del préstamo para adquirir sus viviendas, sin embargo, la empresa constructora no ejecutó el extorno o devolución, ni el FOVIPOL realizó acciones para su recupero.

Los hechos descritos indican indicios razonables de la comisión del delito de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo por lo que la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría, presentó denuncia, la misma que se encuentra en la Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios contra los presuntos responsables.

/CCH/ Andina