Cada 23 de setiembre, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas y esta es una oportunidad para poner el tema en agenda.

En ese sentido, hace días se publicó en un medio local un informe completo sobre este mal social que debe ser denunciado y severamente sancionado.

¿POR QUÉ SE DA?

La explotación sexual se explica por una serie de razones. Entre ellas, se encuentran la desesperación, la falta de presupuesto y el alto nivel de impunidad.

1. VULNERABILIDAD: Las condiciones precarias y de vulnerabilidad llevan a que algunas personas tomen medidas desesperadas en el afán de alcanzar un mejor futuro y, por ello, aceptan las ofertas de trabajo de los traficantes. No debemos perder de vista que aproximadamente 7 millones de peruanos son pobres y alrededor del 20 % de la población tiene sus necesidades básicas insatisfechas. Esto es particularmente preocupante en Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Puno, donde los índices de enfermedades crónicas, desnutrición y analfabetismo son altos.

2. PRESUPUESTO: Para Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior y presidente de CHS Alternativo, el Estado aprobó el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas (2011-2016), pero falta implementar una política de lucha frontal. A pesar de que se este no contó con presupuesto por 3 años. Asimismo se informa que falta presupuesto a los gobiernos locales, los encargados de fiscalizar bares, restaurantes y otro tipo de locales que son los puntos de explotación. La Fiscalía Especializada de Delitos de Trata de Personas tampoco cuenta con un presupuesto propio para luchar contra esta situación.

3. IMPUNIDAD: Valdés dijo que los riesgos de este negocio ilegal son bajos, lo que lo facilita. En otras palabras, en la mente del traficante hay dos cosas que importan: la magnitud de la sanción y la probabilidad de que esta se aplique. Cifras del Ministerio Público demuestran que entre el 2009 y el 2013 hubo 2,700 imputados de los cuales solo hay 45 sentencias. El riesgo también es bajo debido a los altos niveles de corrupción en el país, lo que reduce la probabilidad de que sean sancionados. En el sonado caso de Jhinna Pinchi, se demostró la estrecha vinculación entre fiscales y traficantes. El tema de fondo es que hay una correlación entre los altos niveles de corrupción y la incidencia de trata. Uzbekistán y Haití, por ejemplo, son dos de los tres países con el mayor porcentaje de personas esclavizadas y están entre los 15 países más corruptos, según Transparencia Internacional.

4. INFORMALIDAD: Además de los bajos riesgos del negocio, la informalidad contribuye a que los costos sean bajos y el delito se mantenga relativamente invisible. Una vez captadas, las víctimas son trasladadas en buses informales o deslizadores precarios por rutas con poco control, mientras que las mafias operan en bares sin licencias donde no existe ningún tipo de fiscalización. Se estima que en la zona de minería informal de Madre de Dios existen aproximadamente 400 bares donde se explota a menores de edad.

5. DESCONOCIMIENTO: En nuestro país hay un gran desconocimiento de este acto ilícito y las autoridades no están debidamente capacitadas para hacerle frente. Además, debido a la complejidad del delito –lo conforman dos o más actividades delictivas– es difícil probar fehacientemente un caso de trata.

6. REINTEGRACIÓN: Según el IGE, el Perú se encuentra en el puesto número 11 de la región respecto de la respuesta del gobierno sobre la trata de personas, en tanto no existe suficiente apoyo a los sobrevivientes de esclavitud. Fuentes del Ministerio Público indican que está pendiente aún articular un programa sostenible de reintegración multisectorial y sensibilización.

/MRM/(Información Diario El Comercio)