El Gobierno declaró hoy en emergencia y dictó medidas para la reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por un periodo de 24 meses, al amparo de las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo por el Congreso de la República.

La norma obedece a razones de seguridad, salud, hacinamiento y a la deficiente infraestructura penitenciaria.

Refiere, asimismo, que las intervenciones en el marco de la declaratoria de emergencia se centrarán principalmente en los ámbitos de salud, infraestructura, seguridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la gestión administrativa.

El decreto legislativo 1325 es suscrito por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski; el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala; y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello.

Acciones de salud

En este periodo de emergencia se tiene previsto desarrollar programas y acciones de salud en establecimientos penitenciarios para salvaguardar la salud de los internos, con participación del Ministerio de Salud, Essalud, las Direcciones Regionales de Salud y las instituciones Prestadoras de Salud Públicas y Privadas, en coordinación con el INPE.

Estas acciones comprenden la detección, diagnóstico y tratamiento orientados a disminuir la incidencia de TBC y VIH en las prisiones.

En cuanto a la salud mental se impulsarán programas de tratamiento integral que permitan la atención, medicación y/o traslado definitivo de las personas con problemas en salud mental a un centro especializado.

También recibirán un tratamiento especializado e integral la población penitenciaria vulnerable, en particular por razones de identidad de género, orientación sexual, étnica racial, así como a las internas, sus hijos e hijas menores, los dependientes de drogas, extranjeros y extranjeras, internos e internas adultos mayores y personas condiscapacidad.

Infraestructura penitenciaria

Durante el periodo de emergencia, el Inpe podrá realizar los procedimientos de selección correspondientes a concursos públicos y licitaciones públicas para la contratación de bienes, servicios, consultoría de obras y ejecución de obras; siguiendo el procedimiento de Adjudicación Simplificada, regulado en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

El Inpe podrá adquirir predios o terrenos para la construcción e implementación de establecimientos penitenciarios pero además, el organismo encargado de la custodia de bienes incautados por comisión de delitos en agravio del Estado podrá transferir bienes inmuebles, a título gratuito, para esa finalidad.

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