El Ejecutivo aprobó la modificación de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, a fin de fortalecer la prevención y la protección de las víctimas.

Para mejorar el acceso a la justicia y a la protección, se establece la competencia de las fiscalías penales y de familia para recibir denuncias y aplicar las fichas de valoración de riesgo. En adelante, los juzgados de Paz Letrados o juzgados de Paz pueden tramitar denuncias en casos de violencia y dictar medidas de protección, en las zonas donde no existan los juzgados de Familia, favoreciendo a quienes habitan en las zonas rurales.

El plazo para que los juzgados de Familia emitan las medidas de protección y cautelares, cuando el riesgo es leve y moderado es de 48 horas. En caso de riesgo severo, el plazo máximo es de 24 horas.

Cuando se trate de flagrancia con riesgo severo, el Juzgado Penal dictará las medidas de protección y cautelares en audiencia única, en un plazo máximo de 24 horas y corresponderá al fiscal penal disponer la intervención del Programa de Protección de Asistencia de Víctimas y Testigos del Ministerio Público.

Asimismo, la modificación contempla nuevas medidas de protección como la asignación económica de emergencia, la prohibición del retiro de los/as hijos/as menores de edad del cuidado familiar y el tratamiento reeducativo y psicológico tanto para el agresor como para la víctima.

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