A seis años de la tragedia del “baguazo”, esta sigue siendo una herida abierta en el país porque no se ha hecho justicia tras la muerte de 33 personas, entre civiles y policías, señaló la directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Rocío Silva.

Precisó que a raíz de esos hechos hay 55 imputados, entre indígenas y mestizos, la mayoría varones; pero las autoridades del segundo gobierno de Alan García, que tomaron las decisiones para la represión armada en esa zona de la Amazonía, ni siquiera están citadas como testigos.

Según añadió, por estos sucesos se solicitó llamar como testigos a García y a sus exministros Mercedes Cabanillas, Yehude Simons y Mercedes Aráoz, pero tanto el fiscal respectivo como el presidente de la sala judicial que veía el caso se negaron a notificarles, por temor.

Para la directora de la CNDDHH ha faltado justicia para los propios policías muertos, cuyos deudos, en algunos casos, no han tenido el apoyo que requieren; así como para los caídos de la etnia awajún y los demás pueblos indígenas que prácticamente vivieron “una guerra con el Estado”.

/H.K.Q./