La Contraloría General de la República, en la supervisión del uso de los recursos públicos en Áncash, Callao, Ica, Lima Provincias y Loreto, halló responsabilidades de tipo administrativo en 6,168 funcionarios, de carácter penal en 1,458 y de naturaleza civil en 903, principalmente entre los años 2010 y 2015.

El presunto perjuicio económico detectado asciende a S/. 257 millones.

La Contraloría supervisa a 577 entidades de las citadas jurisdicciones tanto en los gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales así como en las universidades públicas. 

El contralor General, Fuad Khoury Zarzar, se reunió en la sede central de Lima con los jefes de las sedes regionales y los jefes de las Oficinas de Control Institucional (OCI), con la finalidad de supervisar el cumplimiento del Plan Anual de Control y motivarlos para continuar en la tarea constitucional de velar por el adecuado uso de los recursos del Estado.

/M.R.M./