El ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, informó que en un plazo de 45 días estarían listos los protocolos y las directivas, que permitirán el uso del mecanismo de la geolocalización, para ubicar a criminales a través de las llamadas hechas desde teléfonos celulares.

En conferencia de prensa, informó que el próximo viernes se entregará un cronograma de trabajo, y a partir de entonces empezará una serie de reuniones, primero a nivel técnico y luego en una mesa de trabajo, para afinar los detalles antes de su aprobación, que podría ser en 30 días como mínimo y 45 como máximo.

Al respecto, informó que esta tarde sostuvo una reunión, junto con el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, con los representantes de las cuatro empresas operadoras de servicios de telefonía celular en el país, las cuales -dijo- cuentan con la tecnología suficiente.

Refirió que las cuatro empresas [Movistar, Claro, Entel y Bitel] han expresado su total voluntad para participar en la elaboración de los protocolos y las directivas que permitirán poner en marcha dicho mecanismo, pero además han señalado que cuentan con la tecnología necesaria para esa tarea. 

No obstante, el ministro Adrianzén dijo que las operadoras también han expresado algunas inquietudes, que serán resueltas en el reglamento del decreto legislativo, y en los protocolos y directivas.

Por ejemplo, han pedido conocer cuál es el plazo para alcanzar la información de geolocalización, los costos, los actores responsables del proceso, y qué responsabilidad tendrá cada uno.

Asimismo, han insistido que en los protocolos y en el reglamento quede bien claro el margen de actuación dentro del cual desarrollarán su labor, a fin de evitar cualquier tipo de infracción o incidente que podría ser generador de una sanción o incluso de la pérdida de la concesión.

"Nosotros les hemos expresado nuestro total acuerdo, nuestro absoluto respaldo, para que aquellas obligaciones queden perfectamente definidas, de manera que no se vaya a afectar, en modo alguno, ningún contrato de concesión", señaló.

Acto seguido, Adrianzén reiteró su explicación acerca de que la geolocalización "no implica de manera alguna la vulneración del secreto de las comunicaciones, que va a permanecer incólume", y que el único propósito es "la necesidad de combatir la delincuencia”. 

/C.CH.A./ Andina