Las fiscalías de Perú y Brasil acordaron intercambiar información para esclarecer las denuncias sobre el presunto pago de soborno de constructoras brasileñas, en la construcción de la carretera Interoceánica y la planta de tratamiento de Huachipa en Perú.

Según nota de prensa del Ministerio Público, tal fue el acuerdo al arribaron el Jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación de Brasil, con la delegación de fiscales peruano que viajó a dicha nación entre el 27 y 31 de julio pasado.

La comitiva estuvo conformada por el fiscal superior Alonso Peña, (Autoridad Central), y el fiscal a cargo del caso, Hamilton Castro, entre otros.

Los fiscales peruanos establecieron canales de comunicación y coordinación con sus homólogos brasileños para el intercambio de información que ayude al esclarecimiento de los presuntos actos de corrupción que son materia de investigación en el Perú y Brasil, dentro del marco de los convenios internacionales suscritos por ambos países, señala el comunicado.

Los representantes del Ministerio Público, quienes viajaron a Brasil por disposición del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, fueron recibidos por las más altas autoridades de las instituciones involucradas en las investigaciones que se llevan a cabo en ese país. 

El viaje de trabajo tuvo como propósito gestionar, ante las autoridades del Ministerio de Justicia y el Ministerio Público Federal brasileños, una respuesta rápida al pedido de asistencia judicial enviado por el Perú para la remisión de lo actuado en el caso denominado “Castillo de Arena”, que tuvo lugar en Brasil durante el 2009.

De acuerdo a denuncias periodísticas, las autoridades policiales habría hallado documentación relacionada con presuntos pagos ilícitos a funcionarios peruanos, durante la intervención en algunos inmuebles comprendidos enlas investigaciones.

Como se sabe, lo actuado en el referido operativo “Castillo de Arena” fue declarado nulo por el Tribunal Supremo Federal de Brasil en febrero de este año. 

Pese a esta declaratoria y a las dificultades que ella podría entrañar, es deber del Ministerio Público del Perú agotar todos los esfuerzos ante las autoridades brasileñas para que la información relacionada con delitos cometidos en nuestro país sea compartida por Brasil, con arreglo a los compromisos internacionales de lucha contra la corrupción.

Es en esa línea de trabajo que se enmarcan las gestiones realizadas por los fiscales peruanos ante la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General de la República de Brasil y la Autoridad Central de Cooperación Internacional, esta última perteneciente al Ministerio de Justicia de ese país. 

/CCH/ Andina