El Gobierno peruano considera que la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admite en parte una medida cautelar de Gregorio Santos, carece de fundamento legal y por ello no la cumplirá, informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS).

En ese sentido, este sector, a través de un comunicado, calificó de “injustificada” la resolución Nº 18/2015, de fecha 14 de mayo del 2015, por medio de la cual admite en parte la solicitud de medida cautelar de Santos, por la presunta existencia de elementos que podrían afectar su vida e integridad personal.

“Esa resolución es notoriamente improcedente pues carece de fundamento legal que la ampare. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no está facultada por la Convención para emitir este tipo de medidas cautelares; por tanto, el Gobierno peruano no se siente en la obligación legal de cumplirla y no lo hará”, precisa el comunicado del Ministerio de Justicia.

Explica también que actualmente Gregorio Santos viene cumpliendo prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario Piedras Gordas I, del distrito de Ancón, en Lima, y que en ese lugar se ofrecen todas las garantías de seguridad para la vida e integridad física de dicho interno.

“Es inexacto que la vida del interno se encuentre en riesgo, prueba de ello es que a lo largo del tiempo que está internado no se ha presentado ningún suceso que pudiera hacer suponer de la existencia de algún peligro”, aseveró.

Remarcó que el Gobierno del Perú responderá a la CIDH haciendo saber su inconformidad con la decisión adoptada y dejando en claro su rechazo a la misma, dado que los informes elaborados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), dan cuenta de las óptimas condiciones penitenciarias en las que se encuentra el interno Gregorio Santos.

“Se tiene información cierta de que el representante del interno Gregorio Santos ha solicitado a la Comisión IDH que éste pueda cumplir su condena en los locales del edificio del gobierno regional o en su comunidad indígena, bajo la autoridad del jefe comunal, propuesta que el gobierno del Perú rechaza laminarmente por contravenir el ordenamiento legal vigente”, agregó.

/M.R.M./