Política

MINJUS: Registro de víctimas de esterilizaciones forzadas ayudará a promover acceso a la justicia

De víctimas entre los años 1995 – 2001.
22:34 h - Sáb, 7 Nov 2015

La implementación del registro de víctimas de esterilizaciones forzadas durante el periodo 1995-2001, será una tarea técnica para promover el acceso a la justicia, sin ningún cálculo político, sostuvo viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Ernesto Lechuga.

“Absolutamente no hay ningún tipo de cálculo político ni de establecer a priori ningún tipo de responsabilidad, esta responsabilidad se tendrá que determinar a través de los procesos judiciales correspondientes”, declaró.

Refirió que existe ante la tercera Fiscalía Supraprovincial de Lima un proceso que data de 2011, en el cual “hay más de dos mil personas que han presentado sus denuncias” por las esterilizaciones forzadas.

“Esta es una labor de carácter técnico, de promoción de acceso a la justicia para las víctimas de las esterilizaciones forzadas para evitar que, bajo ningún caso, las personas pueda quedarse sin acceder a la justicia por falta de conocimientos o recursos económicos” dijo.

Indicó que el registro busca identificar el universo de personas afectadas por las ligaduras de trompas realizadas sin el consentimiento, y también los casos de esterilizaciones masculinas, a través de la vasectomía.

Asimismo, señaló que en la medida que se determinen las responsabilidades, “también se generaría algún tipo de reparación civil a favor de las víctimas”, pero esto se determinará a través de los procesos judiciales correspondientes.

“Si se determina una responsabilidad de parte del Estado, tendrá que asumirse, por ejemplo en el Ministerio de Justicia tenemos a nuestro cargo, todo el sistema de reparaciones que se dieron como consecuencia del periodo de la violencia que enfrentó al país entre los años 1980 y 2000”, dijo.

Explicó que las personas que hayan sido víctimas de las esterilizaciones forzadas en ese periodo, podrán acercarse a las oficinas de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en todos los distritos judiciales del país.

Asimismo, subrayó que “los servicios de defensa pública son totalmente gratuitos”. En este servicio se defiende a víctimas de abuso sexual, accidentes de tránsito y negligencias médicas.

/MRM/ (Información ANDINA)


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