El decreto legislativo mediante el cual se establece el uso del mecanismo de geolocalización para el combate contra la criminalidad, se enmarca en lo establecido por la Constitución, y fue conversado con las empresas dedicadas al rubro de telefonía celular, señaló el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe.

Lo que se hará –reiteró- es intercambiar la información que se requiera respecto a determinados casos criminales.

Dicha data “se la pedimos a ellos, por ser algo que almacenan en su archivos”, indicó.

“Nos vamos a volver a reunir con los propietarios de esas empresas operadoras esta tarde, para ver la parte operativa”, añadió.

Respecto al reglamento de la norma, manifestó que contendrá detalles respecto a “los mecanismos de comunicación y cuál será la unidad especializada de la Dirincri que hará el pedido de geolocalización, así como el detalle de los formatos de entrega de la información”.

Este mecanismo implica el rastreo de comunicaciones hechas desde teléfonos celulares con fines criminales.

Pérez Guadalupe formuló estas declaraciones tras participar en la ceremonia de clausura de actividades del Centro de Estudios Criminológicos del Instituto Nacional Penitenciario.

/CCH/ Andina