El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido, sostuvo que el Gobierno considera firmemente que en la lucha contra la trata de personas es necesaria una acción articulada, no solo entre las instituciones que conforman los tres poderes del Estado, sino también con la sociedad civil, órganos y organismos internacionales y, de manera especial, con los países limítrofes.

“Esto último, toda vez que el Perú es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas”, señaló Cateriano, ante el Pleno del Congreso de la República, donde, junto al ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, dio cuenta de las acciones que desde el Ejecutivo se vienen desarrollando para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el «Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016».

La presentación de los ministros se realizó en cumplimiento del artículo 3 de la Ley N.° 29918, ley que establece el 23 de septiembre de cada año como el Día Nacional contra la Trata de Personas.

COOPERACIÓN

“Somos conscientes que para luchar frontalmente contra la trata de personas, también se requiere una mirada sobre nuestras fronteras, y para ello es necesaria la cooperación con los países de la región, con el fin de que conjuntamente diseñemos estrategias para frenar el avance de este delito”, manifestó.

Destacó que por esta razón en el ámbito de la cooperación internacional, durante el período del 2013 al 2015 se impulsó la suscripción de acuerdos bilaterales con Ecuador, Colombia y Bolivia. Asimismo -anotó-, se han elaborado proyectos de acuerdo con Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina.

Al inicio de su exposición, el jefe del Gabinete ministerial advirtió que el delito de trata de personas constituye uno de los peores crímenes que afectan a la humanidad y que vulnera gravemente los derechos humanos de la víctima, en especial su dignidad, libertad e integridad.

“Además, la explotación asociada a la trata de personas puede conllevar violaciones a otros derechos, como a la salud, la libertad de trabajo, entre otros. Por todo ello, desde el Gobierno se ha impulsado la lucha contra este delito desde un enfoque de derechos humanos, poniendo a la víctima como centro de la actuación del Estado, y la protección de sus derechos como objetivo supremo de todo nuestro trabajo”, remarcó. 

Refirió que en el año 2014 el Congreso de la República aprobó la Ley N.° 30251, que perfecciona la tipificación del delito de trata de personas, precisando el tipo penal de esta figura y adecuándolo a la definición internacional dada por el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en el caso de niños y mujeres.

“La trata de personas, según el referido protocolo, comprende la captación, transporte y acogida de la víctima, a través de la subyugación de su voluntad, para fines de explotación sexual, laboral, entre otros. Esta diversidad y amplitud de conductas, medios y fines obliga a que exista una política contra todo acto asociado a la trata de personas”, indicó.

Cateriano afirmó que desde el inicio de este gobierno, el presidente Ollanta Humala asumió el firme compromiso de combatir este delito, buscando la constitución de una política pública integral y sistémica.

Con ese objetivo, en el año 2011 se aprobó el primer Plan de Acción contra la Trata de Personas, que  constituye el principal instrumento de gestión pública, estableciendo objetivos concretos para combatir esta problemática de manera integral y articulada entre instituciones de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, detalló.

En esa línea, precisó que con la asistencia técnica del Gobierno nacional y en coordinación con instituciones del Estado y la sociedad civil, como parte de la descentralización del Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2011- 2016 se han constituido espacios de trabajo conjunto en 23 regiones del país, con sus correspondientes planes aprobados o en vías de aprobación.

Asimismo, mencionó que en el año 2015, mediante el Decreto Supremo Nº 001-2015-JUS se aprobó la “Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación”, un sistema de lineamientos técnicos que orienta y organiza la intervención del Estado a efectos de contrarrestar el fenómeno criminal y fomentar la seguridad de la sociedad.

Para completar este marco normativo nacional, refirió que a inicios de este año se promulgó el Decreto Supremo N° 001-2016-IN, por el cual se aprobó el Reglamento de la Ley N° 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, y se creó la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros señaló que el Gobierno considera que esta continuidad en la labor realizada, así como la importancia dada a esta problemática durante estos cerca de cinco años, resulta indispensable para que en un futuro el Perú pueda ser un país libre de tan terrible crimen. 

Sostuvo que el tratamiento dado a las víctimas constituye el punto central de las acciones del Estado y que por ello en mayo pasado se aprobó el Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección, Atención y Reintegración de las Víctimas de Trata de Personas, que se encuentra alineado a los marcos normativos internacionales y nacionales y, además, recoge las recomendaciones hechas al Estado peruano por los órganos de supervisión de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano.

El Protocolo Intersectorial permitirá articular las acciones entre los distintos sectores, estandarizando procesos y procedimientos a desarrollar entre las instituciones públicas del Estado, así como entidades privadas que cuentan con programas y servicios para las víctimas, resaltó.

Es importante señalar que a nivel sectorial, los ministerios del Interior y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio Público vienen llevando adelante protocolos de atención basados en enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad, discapacidad, entre otros, todos ellos centrados en evitar la revictimización, garantizando de este modo un trato digno a la víctima y un proceso que conduzca a su protección y adecuada asistencia, puntualizó.

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