El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, aseguró que los estándares ambientales que se piden a los postores del complejo metalúrgico de La Oroya son absolutamente razonable y no puede ser flexibilizado porque forma parte de un arbitraje internacional y corresponde al Estado proteger la salud de las personas.

Precisó que este estándar se está aplicando desde el 2001 y es el mismo que se ha exigido a la empresa operadora de la metalurgia para su adecuación ambiental.

"Es un estándar absolutamente razonable. El (estándar) del 2001 no se puede mover  por el tema del arbitraje y porque al Estado le corresponde proteger la salud de las personas", explicó.

Precisó que el  Estándar de Calidad del Aire (ECA)  fijado en ese periodo es de 80 microgramo por metro cúbico anual de emisiones de polvo y metales, conforme al Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) y no de 20 por día como se había rumoreado.

Indicó además que esta requerimiento está comprendido en la demanda de arbitraje  ante la CIADI planteada por el Grupo Renco, propietario de la metalúrgia a través de Doe Run Perú, por el cierre de operaciones debido a la adecuación ambiental, entre otros.

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