El Tribunal Constitucional (TC) ratificó la validez constitucional del Decreto Legislativo 1095 que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, terrorismo y la protección de instalaciones estratégicas para el normal funcionamiento de los intereses de la nación.

Asimismo, validó la intervención de los institutos castrenses en los demás casos "constitucionalmente justificados", con la condición de que se entienda por dichos "casos", a situaciones que pongan en peligro la vida, integridad, salud o seguridad de toda o parte de la población. 

El TC precisó que para estos últimos casos, la participación de las Fuerzas Armadas, solo podía extenderse por un plazo de sesenta (60) días, obedeciendo al silencio del decreto legislativo referido en este extremo.

Con relación a la definición de "grupo hostil" que estipula el Decreto Legislativo 1095, el TC determinó que es inconstitucional, en tanto engloba a colectivos que, además de estar mínimamente organizado y participar en las hostilidades, es capaz de enfrentar al Estado de manera prolongada, a través de la utilización de armas punzocortantes o contundentes en cantidad.

En ese sentido, indicó que no cabe aplicar dicha definición, derivada del Derecho Internacional Humanitario, a un grupo que participa en disturbios internos y que no se encuentra en la posibilidad real, de enfrentar las armas y equipamiento empleados tanto por la Policía Nacional del Perú como las Fuerzas Armadas.

/CCH/ Andina