El fallo del Tribunal Constitucional sobre la Ley del Servicio Civil reconoce que este régimen laboral es único y exclusivo para los trabajadores públicos y la constitucionalidad de la meritocracia, destacó el presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir).

Precisó que con esta decisión el TC ha despejado todas las dudas que se plantearon contra la Ley del Servicio Civil en diversas acciones de inconstitucionalidad.

“En un Estado democrático y de derecho es fundamental respetar las decisiones de las instituciones. El TC ha fallado con independencia y ha absuelto las dudas pendientes sobre la ley; nosotros acataremos todas y cada una de sus determinaciones”, puntualizó.

Sostuvo que el fallo respaldó los principales aspectos de la reforma, como la exclusión de los trabajadores de las empresas públicas y de regímenes especiales (maestros, policías, enfermeras) de los alcances de la norma, por razones objetivas.

Sin embargo, no ha encontrado razón para excluir a los servidores civiles del Congreso, Sunat, Superintendencia de Banca y Seguros y el Banco Central de Reserva y de la Contraloría General de la República, de la misma.

El TC, igualmente, ratificó que no se puede excluir de una negociación colectiva la discusión del incremento de remuneraciones en el sector público, e indicó que este aspecto entrará en vigencia cuando el nuevo Congreso emita una ley específica.

“Como Servir respetamos la decisión y haremos lo necesario para que lo determinado por el TC compatibilice con los fines de la reforma”, puntualizó.   

Otro de los aspectos contenidos en el fallo es haber cuestionado la "causal de prevaricación” en las sanciones disciplinarias de la ley, por cuanto no precisa de forma clara los comportamientos prohibidos y los permitidos, lo cual vulnera el principio de legalidad.

Cortés destacó como un aspecto relevante del fallo el haber ratificado la validez de las evaluaciones al personal del sector público, a fin de garantizar la provisión y la permanencia de trabajadores idóneos y resguardar la calidad del servicio a los ciudadanos.

Con ello, el TC respalda que el Estado pueda planificar y formular las políticas nacionales en materia de recursos humanos, con el propósito de alcanzar estándares de eficacia y eficiencia de la gestión pública y atender las demandas y necesidades de la sociedad.

“El tribunal considera que la evaluación opera como base para determinar el acceso igualitario al servicio civil, así como la permanencia y la promoción, teniendo en cuenta la capacidad y el mérito. Estamos totalmente de acuerdo”, puntualizó.

/CCH/ Andina