El estado de excepción impuesto por el Gobierno de Chile en las provincias fronterizas del norte concluyó este viernes, pero no supuso el repliegue de los efectivos policiales y militares, ya que fue sustituido por el decreto 265, publicado durante la administración del presidente Sebastián Piñera, y que permite el despliegue de tropas y otros efectivos para el control de los flujos de migración irregular.

Así lo comunicó horas atrás el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien remarcó que el compromiso del Gobierno es mantener una frontera segura, y para ello recurre a un decreto que le permite una mayor influencia en la coordinación y despliegue de los servicios de seguridad. 

"El estado de excepción termina, pero el Gobierno va a mantener vigente el decreto 265 que permite mantener a todo el personal policial, pero también a todo el personal de las Fuerzas Armadas y a todo el equipamiento de apoyo para el control de las fronteras", afirmó Monsalve, quien se declaró contrario también a las "devoluciones en caliente", una práctica común igualmente en otros países de dudoso encaje en la declaración de los derechos humanos. 

En este contexto, fuentes del gobierno explicaron a Efe que la estrategia actual va a consistir en dos líneas de acción principales: una, mejorar la seguridad en el control de las rutas de acceso que siguen los migrantes desde el Altiplano boliviano y el sur de Perú; y dos focalizar las acciones en la lucha contra las mafias que se lucran con el tráfico de personas y las bandas de crimen organizado que aprovechan la situación para minar la seguridad en las localidades próximas a la frontera. 

Para ello, el Ejecutivo ha apelado al cuerpo de Carabineros, pero también a la Policía de Investigaciones (PDI), a los que ha instruido a desplegar los recursos regionales de los que dispone en el norte. 

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