El exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu, señaló que la propuesta que hizo la Procuraduría cuando él estaba al frente, llamada Ley de muerte civil, que buscaba que los funcionarios corruptos que hayan sido condenados no puedan regresar a trabajar para el Estado, aún sigue a la espera de su aprobación en el Congreso.

“La razón elemental es que estos sujetos (funcionarios corruptos) ya pasaron por la administración pública, defraudaron la confianza que se había depositado en ellos, y lo lógico es que la extensión de la condena que supuso el proceso penal en su contra involucre también la imposibilidad de regresar al lugar donde estuvieron”, dijo en Radio Nacional del Perú.

Al respecto, dijo que aún no se aprueba dicho proyecto. “(La Ley de muerte civil) se discutió en el Pleno, se puso a debate, se aprobó en primera votación y hasta ahora no se vota en segunda votación”, aseveró.   

Esto, con motivo de la iniciativa que hiciera el legislador Víctor Andrés García Belaunde (AP-FA), quien consideró necesario que se apruebe una norma que prohíba a los procesados por corrupción en el Estado, postular al Congreso de la República, porque ser parlamentarios les permite evadir la justicia.

En ese sentido, el exprocurador agregó que es “muy peligroso” proponer que se apruebe alguna iniciativa en donde las personas que estén siendo enjuiciados por algún delito tengan limitaciones contra su libertad, pues es distinto –acotó- “limitar” la libertad de una persona ya condenada, a hacerlo con un procesado.

“Es distinto si hablamos de procesos penales acabados, de condenas firmes. Es muy peligroso plantear que aquellas personas que estén procesadas por un delito puedan tener una serie de limitaciones a la libertad, hay que ser muy cuidadosos con eso, muy analíticos”, señaló.

Para finalizar, Arbizu acotó al respecto que este tema requiere de mucho análisis y cuidado, pues “hay cada vez más una judicialización de la política, lo que es pernicioso para el ámbito judicial y sin duda para el ámbito político”, puntualizó.   

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