Con la finalidad de modificar los artículos constitucionales referidos al juicio y antejuicio político, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley, a fin de determinar que la Fiscalía de la Nación pueda acusar solo ante la Corte Suprema a los altos funcionarios públicos por supuestos delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa lleva la firma del presidente Pedro Castillo y del titular del gabinete ministerial, Aníbal Torres. Su objetivo es la modificación de los artículos 99 y 100 de la Constitución, vinculados a los temas mencionados.

Con ello se fortalecería el mecanismo del antejuicio político, estableciendo él plena garantía para el debido proceso, la independencia y la imparcialidad, se indica en la argumentación del proyecto de ley.

Las modificaciones planteadas apuntan a establecer que la Corte Suprema de Justicia sea la instancia que determine si procede el antejuicio político, entendido este como paso previo para declarar procedente un eventual y posterior juzgamiento penal de altos funcionarios enlistados.

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