La Comisión del Congreso encargada de investigar la vacunación irregular con las dosis entregadas por el laboratorio Sinopharm, recomendó denunciar ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales al expresidente Martín Vizcarra, así como a las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete.

Durante la presentación del informe final, expuesto por el titular de dicho grupo de trabajo, Otto Guibovich, se indica que dichos funcionarios habrían cometido presuntamente una serie de delitos e infracciones constitucionales.

En el caso de Martín Vizcarra habría cometido los presuntos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, colusión, cohecho pasivo impropio, así como falsa declaración en un procedimiento administrativo. 

Asimismo, se le imputa la presunta comisión de infracciones constitucionales a los artículos 2, 7, 38, 39 y 118 de la Constitución Política.

Mientras en el caso de las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, estas habrían cometido el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La comisión también incluye al exministro de Relaciones Exteriores, Mario López por el presunto delito de colusión.

En cuanto a las infracciones constitucionales, Mazzetti habrían incumplido los artículos 9, 38 y 39 de la Constitución, mientras Astete los artículos 38 y 39. El exministro Mario López también fue incluido en las infracciones a los artículos 38 y 39 de la Constitución. 

El informe también indica la presunta comisión del delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, de los funcionarios Luis Suárez (exviceministro de Salud), Freddy Bocángel, César Cabezas, Carmen Ponce, Sofía Salas, Carlos Castilla, Jorge Jarama, Luis Felipe Quesada, Gladys Ramírez, Washington Toledo.

También menciona a los particulares Germán Málaga, Alejandro Bussalleu, Héctor García, José Gottuzzo y otros por la presunta comisión del delito de colusión, aprovechamiento indebido del cargo y negociación incompatible.

Además, en el caso de los otros servidores públicos que ascienden a 116 y las 364 personas particulares (amigos, familiares o allegados) que se vacunaron con las dosis de vacunas, se recomendó remitir lo actuado ante el Ministerio Público. 

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