El Estado debe resolver una brecha del 90% en favor de las personas con discapacidad, las mismas que alcanzan el 10.4% de nuestra población y que no se encuentran debidamente registradas ante el Conadis, por ello, solo un pequeño porcentaje sería considerado en el proceso de vacunación, sostuvo Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.

“Obtener una certificación es muy complicado, el trámite es tedioso y no se realiza en todas las regiones del país y todo eso, se ha restringido durante la pandemia, por lo que la Defensoría pide que se revise y se actualice la base de datos de las personas con discapacidad que deben de tener las oficinas a nivel municipal y regional”.

En el Informativo de Nacional, indicó que, si bien hay personas certificadas, se debe integrar también, la base de datos que tenga el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través del Sistema de focalización de hogares, lo que debe dar lugar a ampliar más el universo de personas con discapacidad que accedan a la vacuna.

“Por ejemplo, las personas con síndrome de Down, es una característica visible, entonces no debería haber trabas para que ellos puedan vacunarse teniendo certificado o careciendo del mismo”.

Pineda manifestó que, en el caso de este grupo poblacional, existen varias condiciones en su salud que las coloca en riesgo de contagiarse del covid-19 como: obesidad, diabetes, problemas cardiacos congénitos por lo que deben ser considerados en la primera fase de vacunación. Es en ese sentido, que las familias están pidiendo que haya un trato preferente a las poblaciones vulnerables (personas con discapacidad) para que estas accedan prontamente a la vacunación.

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