Cuando detienen a un funcionario público por corrupción se paraliza el desarrollo de una obra, lo cual denota la falta de institucionalidad del país, sostuvo el director de Infraestructura del Estado del Estudio Muniz, Juan Carlos Salinas.

“Hay poca capacidad del Gobierno Central para generar capacidades en los gobiernos regionales. Se relaciona la situación personal del funcionario que delinque con la propia viabilidad de una obra y esto demuestra la escasa institucionalidad en el país”, dijo en El Informativo de Nacional.

En ese sentido, recordó que en el 2018 se expidió la ley 30737 que tenía como objetivo que aquellas obras que habían tenido problemas de corrupción puedan tener continuidad.

“Las empresas debían constituir un fideicomiso donde debían depositar cierta parte de sus ingresos para garantizar el pago de la reparación civil al Estado”, explicó.

Finalmente, agregó que se debe insistir en mecanismos que encapsulen estrategias que puedan servir de garantía de pago e implementar programas de cumplimiento para transparentar el uso de recursos.

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