Los fundamentos de derecho presentados para buscar la vacancia del presidente Pedro Castillo son muy pobres, consideró el constitucionalista Erick Urbina.

“He podido revisar la moción de vacancia y en cuanto a los fundamentos de hecho no todos configuran un motivo de inmoralidad directa al presidente. Hay cuestiones que están más bien dirigidas a su propia función de Gobernante por ejemplo por mandato constitucional el presidente no está obligado a rendir declaraciones, pero si está obligado a acudir una vez al mes al Parlamento y dar un mensaje a la Nación. Políticamente es quizás reprochable pero legalmente no está obligado.”

Urbina consideró que sería adecuado que el mandatario Pedro Castillo brinde “una entrevista en la cual pueda absolver las dudas sobre su actuar y su probidad, pero a mi criterio en relación a los fundamentos de derecho, esta moción presentada es muy pobre.”

En el Informativo por Nacional, recordó que la vacancia por incapacidad moral se ha presentado en tres oportunidades, pero siempre ha sido interpretada de manera subjetiva. “A mi juicio hoy la vacancia de incapacidad moral termina siendo una suerte de cajón de sastre en la cual los políticos pueden valerse del artículo constitucional para plantearla y poner fin el Gobierno de un presidente.”

De otro lado, manifestó que en el Perú no existe la interpelación presidencial. “Incluso si procede la vacancia o el proceso de la misma y se le invita al Congreso para que pueda dar uso de su derecho de defensa puede enviar un abogado o sencillamente no enviar a nadie. Ni siquiera en este supuesto el presidente está obligado a comparecer ante el Parlamento.

“No hay en nuestro sistema y me parece bien que así sea, un accionar que obligue a rendir cuentas de forma directa frente a sus actos de gobierno porque esta función se les otorgan a los ministros por ser ellos los que asumen la responsabilidad política y la sanción o censura en este caso del Congreso.”

El constitucionalista señaló que no sería sorpresa que se comience a ver la manera de introducir una figura que obligue al presidente a comparecer, rendir cuentas ya no solo en 28 de julio.

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