El 5 de junio del 2009 murieron 33 personas, 23 policías y 10 civiles, más un desaparecido, en un enfrentamiento por pretender desbloquear la carretera Fernando Belaúnde Terry, tomada por los pobladores indígenas durante más de 50 días.

Han pasado seis años de este trágico hecho, pero nuevamente las dirigencias nativas reclaman que no fueron consideradas al dar leyes sobre el territorio que habitan.

Merino Trigoso, ex alcalde de Condorcanqui, uno de los acusados por el caso de la Curva del Diablo, asegura que luchará por su territorio, pues para él y otros indígenas que participaron en el denominado "baguazo" el Estado todavía los excluye.

Tras los sucesos, el Estado hizo muchas promesas. La ley de consulta previa fue una de ellas, pero fue aprobada dos años después.

El jefe del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, Daniel Sánchez Velásquez, dice que se han llevado a cabo 10 procesos de consulta, que van desde reservas comunales hasta una nueva ley forestal. “El Estado y los pueblos indígenas se han puesto de acuerdo”, indica.

/H.K.Q./