La ley de geolocalización no afecta derechos constitucionales y posee "todos los candados" necesarios para su adecuada aplicación en la ubicación de celulares implicados en actos ilícitos flagrantes, señaló el exministro del Interior, Walter Albán.

Dijo que la medida, al dar la posibilidad de actuar en "circunstancias especiales", no representa una afectación a los derechos constitucionales de quienes podrían ser implicados, como sucede cuando se restringe otras figuras legales como la legítima defensa y el estado de necesidad.

"La Constitución establece derechos que sabemos que no son absolutos, siempre hay circunstancias que permiten una regulación por ley, establecer límites o restricciones, sobre todo cuando hay conflictos de intereses", explicó.

Recordó, además, que el decreto dado por el Ejecutivo, tiene todos "los candados" pues sólo puede ser ejecutado si el delito cometido es en estado de flagrancia, implica una pena mayor de cuatro años y es indispensable para el proceso de investigación.

En la actualidad, sostuvo, los policías no pueden hacer un rastreo adecuados de los involucrados en casos de extorsión porque se debe realizar un proceso engorroso que entorpece la investigación, dado que cuando termina el trámite, "el delincuente ya cambió su celular" y no hay forma de atraparlo.

Por eso, expresó su desacuerdo con quienes intentan desprestigiar o cuestionar la normativa, dada por el Ejecutivo al amparo de las facultades delegadas en seguridad ciudadana, cuando el único fin de la misma es "apoyar a quien es víctima de un extorsionador".

"Los delincuentes cambian de celulares cada día porque saben que pueden ser objeto de vigilancia, en momentos en que estamos en una criminalidad en alza, donde todos reclamamos medidas eficientes, ¿cómo es posible que se diga que se está afectando (derechos)?", manifestó.

Albán indicó, asimismo, que se precisa generar confianza en la población porque para utilizar los datos recogidos por medio de la geolocalización, la policía debe seguir una serie de procesos que tiene como parte final la decisión del juez, quien dictaminará si el uso de la herramienta para determinados casos está sustentada o no.

"Todo esto se tiene que comunicar en el día al fiscal y tiene que haber un informe fiscal después. También el fiscal tiene que informar al juez; es decir, estamos hablando que existe un control posterior porque tampoco queda librado a la sola discrecionalidad de la policía", agregó.

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