La Contraloría General de la República expresó su extrañeza por la decisión judicial que absolvió a un grupo de exaltos mandos del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas (CCFFAA) que habrían contratado en forma irregular un supuesto servicio de capacitación a empresa israelí Global CST.

Agregó que apelará el fallo judicial para revertir la decisión y lograr sanciones contra los acusados, a quienes denunció al detectar en una acción de control que el CCFFAA, en la gestión del período 2009-2011. 

El Juez del Segundo Juzgado Unipersonal Nacional Edgardo Francisco Medina absolvió a Francisco Javier Contreras Rivas, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (2009-2010), entre otros, del delito de negociación incompatible con el cargo. 

La Contraloría recordó que los acusados se habrían interesado indebidamente en favorecer a la citada empresa israelí en la contratación y ejecución irregular de un contrato que habría ocasionado al Estado un perjuicio económico ascendente a 40 millones de soles. 

El contrato se suscribió para recibir asistencia técnica especializada en materia de seguridad, desarrollo de estrategias y entrenamiento del personal militar en el VRAE (hoy Vraem).  Sin embargo, dicha capacitación y entrenamiento no se realizó de acuerdo a lo estipulado en el contrato. 

Además, dicho documento careció del expediente de contrataciones, lo cual es elemental en cualquier contratación que realice el Estado. 

"Aún más, tras la acreditación de la comisión auditora en el Ministerio de Defensa, elaboraron con documentos falsos un expediente simulado", agregó.  

Para la Contraloría, el juez indebidamente absolvió de culpa a los acusados, a pesar de considerar que se habían cometido serias irregularidades en el proceso de contratación, en el contrato mismo y en su ejecución, incluyendo la elaboración de documentos con fechas falsas entre otras.

“La fundamentación dada por el juez en cuanto a que se justificarían todas las irregularidades por tratarse de una situación de emergencia, demuestra desconocimiento de la normativa de contrataciones del Estado, como en efecto lo ha reconocido el propio juez. Más aún la supuesta emergencia no se configuraría pues la situación planteada no cumplía con los requisitos que establece la Ley de Contrataciones del Estado”, añadió. 

Refirió que el expreso reconocimiento por parte del juzgador en dicho caso de su limitada capacitación en materia de contrataciones debe alertar al Poder Judicial y a la ciudadanía de los riesgos que conlleva el retardo en la administración de justicia y, lo que es muy grave, confiar la administración de justicia en magistrados sin las debidas competencias, conocimientos y habilidades.   

/CCH/ Andina