La ministra de Cultura, Gisela Ortiz, visitó la Ciudad Sagrada de Caral, y sus sitios arqueológicos Chupacigarro, Áspero y Vichama, en el norte de Lima, con la finalidad de conocer los problemas que afectan la integridad del patrimonio cultural de esta zona del país.

La titular del sector Cultura recorrió la Ciudad Sagrada, la cual fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, para comprobar el peligro que podría afectar a este sitio. Allí pudo dialogar con las autoridades y pobladores de la zona.

“Se debe hacer un compromiso de Estado para que, desde las diversas instancias, no solo valoremos lo que es nuestro patrimonio cultural, sino que también nos apropiemos del mismo para que todos y cada uno de nosotros, seamos sus defensores”, señaló la ministra durante su visita a Caral.

“Nuestro patrimonio forma parte de lo que somos y eso debemos reconocerlo, como ciudadanos y ciudadanas. Debemos cuidarlo, pues la responsabilidad que tenemos frente a este, es enorme. En el caso de Caral y Chankillo, además, esa responsabilidad frente a la humanidad”, enfatizó.

La ministra Ortiz destacó el respeto que se debe tener frente al patrimonio, además de la integridad de las personas, como la de la responsable de la puesta en valor y principal investigadora de Caral, Ruth Shady, quien inició las intervenciones en esta zona, en 1994, cuando era docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

“Las consecuencias que han tenido estas ocupaciones ilegales en la seguridad física de la Dra. Ruth Shady y la de su equipo, no las podemos seguir permitiendo. Vengo a darles el respaldo institucional y hacerles sentir que no están solos en esta problemática”, señaló.

La Ciudad Sagrada de Caral se ha visto afectada por ocupaciones ilegales. Sin embargo, el Ministerio de Cultura, ya cuenta con dos procesos judiciales con sentencias en la Corte Suprema, uno de reivindicación y el otro de desalojo.

Los casos han adquirido calidad de cosa juzgada desde el 2017 y desde esa fecha se encuentra en ejecución de sentencia para la desocupación de una familia ligada a “Irrigación El Rosario”.

“Queremos insistir en que el derecho que todos tenemos como peruanos a una vivienda digna, no debe atropellar nuestro patrimonio histórico. Eso es algo que hay que entenderlo y hacerlo respetar", afirmó.

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