La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) presentó los resultados del Diagnóstico de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del ámbito de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, el cual muestra el estado actual de la infraestructura, eficiencia en el tratamiento, operación y mantenimiento de las PTAR.

El informe indica que actualmente existen 202 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en el Perú, de las cuales 171 se encuentran operativas.

Vale decir que, el 85% de ellas cumplen con su función de remover las partículas contaminantes de las aguas residuales que provienen del uso de los servicios de agua potable y alcantarillado de las ciudades, evitando que éstas lleguen a las fuentes de agua naturales como los ríos, lagunas, mares, etc. y contribuyendo con la protección del medio ambiente y la salud de la población.

Las PTAR operativas están en 31 de las 50 empresas prestadoras el país. Las empresas con mayor número de PTAR en funcionamiento pertenecen al ámbito de las siguientes EPS: Grau en Piura (31), Epsel en Chiclayo (25), Sedapal en Lima (20), Agua Tumbes en Tumbes (14) y Sedalib en Trujillo (14). En estas 5 empresas se concentra el 61% del total de PTAR operativas del país.

Un dato importante que revela el diagnóstico presentado es que, entre el 2016 y el 2020, el tratamiento de aguas residuales en el ámbito de las EPS creció de 66.40% a 77.70%; es decir, se incrementó en un 11.30%.

Una de las razones que determinaron este crecimiento fue la puesta en marcha de la PTAR La Chira, en el 2016, destinada a tratar las aguas residuales provenientes de los distritos del sur de Lima y que están en el ámbito de Sedapal.

El presidente ejecutivo de la Sunass, Mauro Gutiérrez Martínez, precisó que el estudio realizado por el regulador, con el apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo y la cooperación suiza-SECO, implementada por la GIZ.

Esto a través de Proagua II, recopila y analiza información clave para el sector saneamiento y espera que sea de utilidad para los gestores públicos, autoridades de los diferentes niveles de gobierno, empresas prestadoras, académicos y demás interesados en el tema.

“Estos esfuerzos deben traducirse en planes integrales que consideren no solo el financiamiento para cerrar la brecha de infraestructura, sino que incluyan la mejora de las condiciones laborales para incentivar la contratación de más y mejores técnicos y profesionales; la evaluación, calificación y certificación del personal y la profesionalización de la gestión de las empresas prestadoras”, indicó Gutiérrez.

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