La incautación de 5 inmuebles vinculados al ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, constituyen un atentando contra la seguridad jurídica del país toda vez que medidas de ese tipo se dictarían para cosas juzgadas y no para las que se encuentran en proceso de investigación, consideró el abogado penalista, Mario Amoretti.

“Desde que se dictó prisión preventiva contra los Humala el 95% de los penalistas opinamos que dicha medida era arbitraria”, ahora, con la nueva disposición del juez Carhuancho, se “viola la seguridad jurídica del país porque estamos en plena investigación y así como le sucedió a Ollanta le puede ocurrir a cualquier otra persona”, dijo Amoretti para El Informativo.

Un equipo de la Fiscalía de Lavado de Activos y agentes policiales incautaron ayer inmuebles vinculados a los Humala-Heredia, esto en el marco de las investigaciones que se les sigue por los presuntos aportes irregulares que habrían recibido para financiar sus campañas presidenciales del 2006 y 2011.

En otro momento, el penalista recordó que disposiciones como la aplicada al ex Jefe del Estado en la víspera se crearon pensando en casos de narcotraficantes a los que se les encuentre infraganti en la posesión del ilegal producto. Otra razón más para calificar a la intervención como ilegal, consideró.

Por último, Amoretti resaltó que lo ordenado por Carhuancho constituye una contradicción, si se tiene en cuenta que un mes atrás, con el fin de garantizar el pago de la reparación civil en caso se les encuentre responsables de los delitos imputados, se había dispuesto ya de órdenes de embargo en forma de inscripción sobre los inmuebles citados.

“(Por lo cual) No se explica cómo se ordena la incautación de los bienes como medida gravosa, cuando no hay medida más gravosa que el embargo en forma de inscripción”, finalizó.

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