Se dio a conocer las acciones del sector Educación que promueven la inclusión de los estudiantes universitarios con necesidades educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad, informó la cartera.

Estas acciones se dieron a conocer durante el foro “Derecho a la educación inclusiva en el contexto de la emergencia sanitaria por el covid-19”, que organizó la Defensoría del Pueblo.

En el que se presentaron los resultados de la supervisión del proceso de implementación de la educación no presencial en la educación superior universitaria. 

Unos  6 377 estudiantes universitarios con discapacidad o necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad estuvieron matriculados en el periodo 2020-1, según cifras del Minedu.

La aprobación, en agosto pasado, de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva fue un paso muy importante que ha permitido que el Estado asuma el compromiso de fomentar la equidad, calidad y pertinencia del sistema educativo, brindando oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida a la población. Puntualizó el director general de Educación Superior Universitaria (DIGESU), Jorge Mori.

Enfatizó, que los indicadores que contempla esta política permitirán contar con información relevante respecto a la interacción de las personas con discapacidad en el servicio de educación superior universitario: acceso, permanencia y egreso.

De otro lado, señaló que vienen trabajando en la implementación del Sistema Integrado de Información de la Educación Superior Universitaria, que permitirá contar con información confiable y oportuna para para la toma de decisiones de políticas del sector en el marco del aseguramiento de la calidad.

En su exposición, Mori se comprometió a trabajar en una agenda articulada con la Defensoría del Pueblo con el propósito de brindar una atención personalizada a las personas con discapacidad o con otras necesidades educativas especiales. 

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