Mediante un comunicado, la Zona Arqueológica Caral (ZAC), Unidad Ejecutora 003 del Ministerio de Cultura, expresó su preocupación por la postergación hasta mayo del desalojo de invasores en el sitio arqueológico Ciudad Sagrada de Caral.

Asimismo, muestran su extrañeza por la tolerancia y pasividad demostrada por el comando policial encargado de prestar las garantías del caso durante diligencia.

Cabe resaltar que el desalojo fue programado por el Primer Juzgado Civil de Barranca, para cumplir la sentencia del proceso judicial de reivindicación a favor del Estado Peruano, seguido contra Alejandro Ramón Solís Saavedra.

El documento señala que las autoridades de la ZAC partieron hacia Caral desde la Plaza de Armas de Supe con 106 efectivos policiales, pero que al llegar la caravana se encontró con que la única vía de acceso había sido bloqueada con árboles y piedras, las cual fue desbloqueada sin apoyo de la Policía.

También señala que los funcionarios arriesgaron su integridad física, debido a que en las cercanías estaban apostados 60 individuos extraños al lugar, con los rostros cubiertos con pasamontañas que además portaban diversas armas blancas como palos, piedras, machetes, entre otras.

Al final, la diligencia de desalojo no se concretó ante la decisión del juez César Macedo Figueroa, del procurador Henmer Alva Neyra y del abogado de la parte sentenciada, de suspender la medida hasta el 31 de mayo de 2022.

La ZAC mostró su sorpresa por el plazo dado al sentenciado Solís Saavedra (de cinco meses) para que continúe ocupando y usufructuando un terreno arqueológico de propiedad estatal que debió ser desalojado una vez ratificada la sentencia por la Corte Suprema, en el año 2016.

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