El decreto legislativo para el deshacinamiento de los penales y centros juveniles, promulgado en el contexto de la emergencia sanitaria por el covid-19, podría beneficiar a 7 mil internos, informó Fernando Castañeda, ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

Castañeda fue enfático en señalar que se trata de internos implicados en delitos que no ponen en riesgo la seguridad ciudadana, los cuales están establecidos claramente en el decreto legislativo 1513.

En ese sentido aseguró que no se beneficiará con la excarcelación a personas involucradas en secuestros, homicidios o sicariato; así como también en actos de corrupción de funcionarios.

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