A través de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, el Estado peruano obtuvo su primer caso de éxito en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El organismo internacional acogió todos los argumentos de la defensa y declaró al Perú no responsable por la destitución del exjuez Héctor Cordero Bernal, implicado en la liberación de dos procesados por narcotráfico.

Del 22 de junio al 17 de julio de 1995, el exmagistrado recibió la solicitud para asumir temporalmente el Primer Juzgado Penal, debido a que el juez titular pidió licencia. 

En el cargo recibió el caso de dos personas sometidas a un proceso penal por el delito de tráfico ilícito de drogas, que culminó con sus detenciones. El 11 de julio del mismo año, Cordero Bernal les otorgó la libertad incondicional, figura legal que solo se utiliza cuando se demuestra plenamente la inculpabilidad de los enjuiciados.

Ante el hecho, la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (Ocma) inició un proceso disciplinario contra Cordero Bernal, que dio cuenta de varias irregularidades

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