La fiscal suprema Delia Espinoza está habilitada para llevar la investigación contra 14 congresistas investigados por presuntamente integrar la presunta red criminal de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, coincidieron en señalar el exfiscal supremo adjunto anticorrupción Martín Salas Zegarra y el abogado penalista Julio Rodríguez

Ambos profesionales, explicaron que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, está inmerso en la investigación contra los parlamentarios en calidad de testigo, razón por la cual delegó excepcionalmente el caso en la fiscal Espinoza. 

Rodríguez refirió que el fiscal de la Nación al estar involucrado tangencial o colateralmente en la investigación va a ser convocado como testigo y evidentemente no puede ser testigo e investigador a la vez. 

Ese sentido, afirmó que en el Congreso de la República hay personas que muestran un desconocimiento supino de cómo funciona un proceso penal. 

Por su parte, Salas Zegarra señaló que al fiscal de la Nación interino le corresponde apartarse de la investigación y que el proceso sea asumido por un fiscal supremo. Al respecto, dijo que solo podría ser Espinoza porque el otro fiscal supremo que podría asumir es Pablo Sánchez, pero este magistrado también es testigo en este caso. 

“Tenemos tres fiscales supremos que integran la Junta de Fiscales Supremos, qué quieren ellos (los congresistas), que asuma uno de los testigos, es imposible”, subrayó.

Por ello, calificó de incorrecto la declaración del presidente del Congreso, Alejando Soto, quien señaló que no permitirá que se allane las oficinas de congresistas investigados por integrar la presunta red criminal de Patricia Benavides.

“Si la justicia así lo estima pertinente va a salir una orden judicial de cumplimiento obligatorio, nadie puede sustraerse de la persecución penal, ninguna persona, más allá del cargo que ejerza, sea aforado o no”, subrayó Salas

La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios incorporó en calidad de investigados a 14 congresistas, entre ellos el presidente del Congreso, y dos fiscales adjuntos supremos en la investigación preliminar seguida contra la suspendida fiscal de la Nación.

Cinco de los legisladores investigados, como Patricia Chirinos, Edgar Tello, Luis Aragón, Ilich López y Luis Cordero,  presentaron una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza por haberlos incluido en la investigación que se le sigue a la exfiscal de la Nación.

Los parlamentarios acusan a la fiscal Espinoza de presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones, por lo cual proponen su destitución e inhabilitación por diez años.

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