El Ejecutivo promulgó hoy la ley que le otorga facultades legislativas por siete días calendario, en materia penal, procesal penal y penitenciaria a fin de establecer medidas para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles ante el riesgo de contagio del nuevo coronavirus (covid-19).

El dispositivo legal establece que el Ejecutivo podrá legislar en lo que respecta a la revisión de medidas de coerción procesal, y a beneficios penitenciarios, conversión de penas, vigilancia electrónica personal y demás figuras que permitan evaluar el egreso de personas procesadas y condenadas por delitos leves.

Agrega que con estas medidas se permitirá "impactar de manera directa e inmediata en la sobrepoblación" que afecta al sistema penitenciario y de reinserción social del adolescente, "con la finalidad de evitar el contagio masivo del covid-19 en las personas privadas de libertad, de los servidores que trabajan en establecimientos penitenciarios y centros juveniles, y de la ciudadanía en general.

Las normas que se emitan en el marco de lo dispuesto en la presente ley aseguran el cumplimiento de lo previsto en los artículos 104 y 101, inciso 4, y demás concordantes del texto constitucional y la jurisprudencia que, al respecto, ha emitido el Tribunal Constitucional, dice la ley promulgada.

El presente dispositivo es refrendado por el presidente de la República, Martín Vizcarra y el jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos.

El pasado 23 de mayo, el pleno virtual del Congreso aprobó por mayoría delegar facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia penitenciaria mediante medidas excepcionales orientadas a reducir el hacinamiento ante el riesgo de contagios por coronavirus.

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