El especialista en derecho Constitucional y Electoral, José Naupari, aclaró que el fondo público otorgado por la ONPE a las agrupaciones políticas puede ser empleado en un 50 % en servicios ordinarios y el otro 50% en capacitación, formación, investigación de las actividades que ejecuten o para las elecciones internas de sus candidatos y no para campañas electorales.

“En el sentido estricto no se puede utilizar el financiamiento público para las campañas electorales… Las agrupaciones políticas pueden ser plataformas para la difusión de valores cívicos, formadores de la opinión pública”. 

En el Informativo de Nacional, señaló que la norma establece que el partido político está obligado a entregar un plan de actividades sobre en qué piensa gasta el financiamiento público del año siguiente.

“La ONPE verifica si efectivamente las líneas de actividades y el presupuesto entregado cumplen con los objetivos y finalidad en la cual se da”. 

Naupari recordó que la verificación y control externo del financiamiento en general le corresponde a la Gerencia de Asuntos Partidarios de la ONPE.

“Ahí por ejemplo hay un tema interesante porque el reglamento de supervisión de fondos partidarios te permite las visitas de control. Formalmente no tenemos la figura de la sanción política en sentido estricto.  Lo que tenemos son multas y la pérdida del financiamiento directo”.

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