Las nuevas restricciones para las personas no vacunadas contra el covid-19 son necesarias y amparadas legalmente, de cara a garantizar la salud publica ante la continuidad de la pandemia, enfatizó Alicia Abanto, adjunta para la administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. 

“Nuestra Constitución y la ley general de salud admiten que el Estado pueda limitar derechos para garantizar la salud pública por lo que es importante que la población entienda que no se están tomando medidas ilegales o inconstitucionales”.

En el Informativo por Nacional, recordó a la población que las restricciones no son nuevas porque es parte del proceder del Estado Peruano. 

“Si el Estado no hubiera impuesto el uso de la doble mascarilla hubiera habido más muertes en el Perú. Hasta el momento se han contagiado más de 2.2 millones de personas y han muerto más de 200 mil por lo que es necesario tener en cuenta que la pandemia no se ha terminado y nos enfrentamos a un virus que muta y se vuelve más peligroso.”

Al ser consultada por la posibilidad de aplicar la muerte civil para los no vacunados, la especialista consideró que esta es una medida bastante gravosa y extrema. “Así que en general, lo descartamos. Se puede establecer nuevas medidas, restricciones para la población en la medida de lo necesario para que nuestro país pueda enfrentar la pandemia”.

“Está por verse en el Perú cómo va a ser la tercera ola lamentablemente estamos viendo en Europa que se han roto récords de contagio. Con lo cual está colocando en situaciones complejas a países que tienen una capacidad hospitalaria muy grande cosa que no pasa en el Perú donde se agota las camas de hospitalización”.

De otro lado, la funcionaria expresó que desde la Defensoría se apoya el retorno a la presencialidad educativa.

“Creemos que el regreso debe ser inmediato, en las escuelas habilitadas debe ser así. En marzo de 2022 deben regresar a la semipresencialidad donde sea posible al igual que con la presencialidad. Hoy en día hay 96 mil escuelas ya habilitadas.”

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