Las barreras geográficas y económicas que impedían a las mujeres rurales víctimas de violencia familiar y sexual acceder a la justicia en Ica, Huancavelica y San Martín se redujeron a cero gracias a la estrategia que desarrolló el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), desde el año 2012.

Gracias a que autoridades y familias de la comunidad se involucraron, reconocieron que el problema existe, y buscaron alternativas para solucionarlo, la estrategia del MIMP desapareció los principales obstáculos que impedían a las mujeres denunciar, reveló la directora de la Unidad de Atención Integral de la institución, Betty Olano.

Así, por ejemplo, hoy las mujeres de Churcampa en Huancavelica ya no gastan ni en movilidad ni en trámites porque las propias organizaciones asumen los casos de acuerdo a su sistema de justicia. Antes gastaban S/. 310 entre pagos de movilidad para llegar a la oficina municipal del distrito que está a más de dos horas de su centro poblado y para solventar los trámites judiciales.

O como en Lamas, San Martín, en donde las rondas campesinas apoyan a las mujeres maltratadas o a niños y niñas que han sufrido abuso sexual, y asumen funciones de justicia comunitaria. Por ese motivo, si antes gastaban S/. 110 para resolver el problema, ahora no pagan nada, agregó Olano.

“Hicimos un trabajo de filigrana porque realizamos tareas de sensibilización permanente para que reconocieran que la violencia contra la mujer, niños y niñas es un problema que se tiene que enfrentar. En las zonas rurales, la violencia está naturalizada pues a través de ella resuelven sus conflictos, dentro y fuera de las familias”, comentó a Andina.

Asimismo, precisó que las mujeres del campo son las más vulnerables en ejercer sus derechos y alcanzar la justicia si estos son atropellados, pues la ley no puede aplicarla, la ausencia del Estado aún es escasa en centros poblados y comunidades, y en el ámbito rural se desconocen los derechos individuales.

EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA

La responsable de evaluar la estrategia rural contra la violencia familiar y sexual del MIMP, Rocío Franco Valdivia, señaló que el trabajo intersectorial alcanzado es una fortaleza del sector público que confirma que cuando salud, educación y justicia ejercen sus funciones en ámbitos rurales de difícil acceso, se activa el trabajo conjunto.

“Los servidores públicos en esas zonas desconocen cuáles son las funciones relacionadas con la prevención de la violencia familiar que deben cumplir. Los gestores del MIMP cumplieron con capacitarlos sobre esas funciones y el trabajo intersectorial se activó”, precisó.

Hoy esta política de atención se implementa en 30 distritos de 18 regiones del país que en los cuatro primeros meses de este año atendieron 208 casos de violencia familiar y 41 de orden sexual.

/P.A.G./