La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso ha aprobado el dictamen que propone la incorporación del artículo 27-A a la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas (PL 5666/2023-CR, 6668/2023-CR y 7157/2023-CR). Esta medida prohíbe la pesca industrial dentro de las áreas naturales protegidas marinas y marino-costeras, asegurando la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos, el futuro de la pesca artesanal y la seguridad alimentaria de la población.

¿Por qué es importante esta medida?

• Protege la biodiversidad marina: La pesca industrial a gran escala tiene un impacto devastador en las áreas naturales protegidas, amenazando la supervivencia de diversas especies. Esta medida protege la riqueza natural de las áreas marinas, asegurando la salud de los océanos para las generaciones futuras.

• Fortalece la pesca artesanal: Los pescadores artesanales son los principales proveedores de pescado fresco y a precios accesibles para la población peruana. Proteger sus áreas de pesca significa garantizar su trabajo y el sustento de más de 80 mil familias que dependen de esta actividad.

• Contribuye a la seguridad alimentaria: El pescado es una fuente de proteína fundamental para la población peruana. Proteger los recursos hidrobiológicos asegura el acceso a este alimento vital, especialmente para las poblaciones más vulnerables.

¿Qué significa para los pescadores artesanales?

• Mayor seguridad en sus zonas de pesca: La pesca industrial no depredará los recursos en las áreas protegidas, lo que significa que los pescadores artesanales podrán acceder a una pesca más abundante y sostenible.

• Mejores condiciones de trabajo: La prohibición de la pesca industrial reduce la competencia desleal y permite a los pescadores artesanales obtener mejores precios por su producto.

• Fortalecimiento de su actividad: Esta medida reconoce la importancia de la pesca artesanal para la economía y la cultura del país, brindando mayor apoyo a este sector vital.

¿Qué sigue?

El dictamen aprobado debe ser deliberado en el Pleno del Congreso para que pueda ser aprobado en esta legislatura. De esta manera, la representación nacional demuestra compromiso con la sostenibilidad de nuestros recursos marinos y el bienestar de las comunidades pesqueras artesanales.

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