Una buena noticia en la lucha contra la trata de personas. Tras las alertas formuladas por CHS Alternativo, el Ejecutivo observó el proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República que modificaba la Ley 29918 y retrocedía en la rendición de cuentas por este delito, estableciendo que el premier y los ministros del Interior y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya no acudirían al Pleno para informar sobre este tema, sino solamente ante dos comisiones del Parlamento.

Con la observación, el proyecto de ley ha regresado para su debate a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de la Mujer y Familia del Congreso, donde se tendrá la oportunidad de perfeccionar la norma, a fin de que las autoridades expliquen el avance en la lucha contra un delito que sigue creciendo en el Perú.

De acuerdo al Sistema de Gestión Fiscal del Ministerio Público, solo durante el 2023 se registraron 3,179 víctimas de este y otros delitos conexos y, según el Ministerio del Interior, hasta octubre del 2023 se desbarataron 58 bandas criminales vinculadas a la trata de personas, lo que permitió rescatar a 85 víctimas menores de edad.

En ese contexto, a través de un oficio enviado al presidente del Congreso, Alejandro Soto, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, cuestionó que el proyecto haya incluido que las autoridades deban acudir a rendir cuentas sobre la trata de personas “bajo responsabilidad”, pues explicó que la medida se enmarca en los procedimientos de control político que ejerce el Legislativo y, por lo tanto, para que un ministro acuda ante el Pleno debe recibir una invitación previa, según lo estipula el artículo 84 del Reglamento del Congreso.

Asimismo, precisó que no corresponde incluir en la rendición de cuentas sobre la trata de personas los avances de la Política Multisectorial para Niñas, Niños y Adolescentes al 2030, pues el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya reporta anualmente los resultados de esta política ante el Congreso, en el mes de abril, y se estaría presentando una duplicidad. No obstante, no se aclaró si dicho sector debe informar sobre sus acciones específicas en la protección y asistencia a las víctimas de trata.

Cuestiones de Fondo: 

Si bien el Ejecutivo ha observado el proyecto de ley por estos motivos de forma, CHS Alternativo considera que esta es una oportunidad para revisar otros temas de fondo del proyecto de ley que ya habían sido advertidos con anterioridad.

Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, recordó, al respecto, que la trata de personas mueve en el Perú más de 1,300 millones de dólares al año, está muy relacionada con la inseguridad ciudadana e involucra diferentes tipos de delitos, como la explotación sexual o el trabajo forzoso. “Además, forma parte de las actividades de bandas criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato y se vincula a otras economías ilegales, como el tráfico de tierras y la tala y la minería ilegal. Es decir, se trata de un delito transversal”, señaló.

Valdés refirió que la respuesta del Estado a esta problemática también es integral, pues el Perú cuenta con una Política Nacional frente a la Trata de Personas, que involucra 42 servicios que están a cargo de 11 sectores del Estado y 4 organismos autónomos, liderados por la Presidencia del Consejo de Ministros. “Por lo tanto no es un tema donde solo tengan competencia dos comisiones del Congreso”, dijo.

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