El fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios Elvis Suárez Ferrer solicitó que el Poder Judicial declare consentida un extremo de la sentencia contra el denominado Clan Orellana, la cual dispuso el decomiso definitivo a favor del Estado del inmueble que dicha organización criminal pretendió apropiarse en perjuicio del Hospital Hermilio Valdizan.

Dicho pedido formulado hace dos días ante Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Nacional Permanente Anticorrupción está relacionado con la condena dictada el pasado 17 de febrero en contra de Ludith Orellana Rengifo y otros quince sentenciados por los delitos de asociación ilícita y cohecho activo genérico.

“(…) habiendo transcurrido en exceso el plazo legal para impugnar ese extremo de la sentencia la Fiscalía, en atención a las atribuciones que la Constitución y normas afines a la materia le confieren, solicita se declare consentida el extremo de la sentencia que dispuso el decomiso definitivo del bien inmueble incautado y que fue objetivo de pretensión en el presente proceso”, señala el petitorio fiscal.

Cabe precisar que el pasado 26 de febrero los fiscales Elvis Suárez y Eiser Jiménez remitieron a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y a la fiscal de Lavado de Activos Marita Barreto, la copia simple del fallo de casi 400 páginas.

En el primer caso, con el fin de alertarlos sobre la sentencia dictada en contra del ex superintendente Álvaro Delgado Scheelje y el ex empleado de informática Wilfredo Núñez Peña. En el segundo caso, para conocimiento y fines que se estimen pertinentes en el proceso por lavado de activos y otros delitos atribuidos al Clan Orellana.

El predio que ocupa el Hospital Hermilio Valdizan, cuya titularidad deberá devolverse a favor del Estado, está ubicado a la altura del km 3.5 de la Carretera Central Zona Industrial – parte Fundo Asesor- distrito de Santa Anita.

En el caso de corrupción que sentenció a Ludith Orellana a diez años de prisión, los fiscales Elvis Suárez y Eiser Jiménez demostraron que ella y otras 15 personas integraron una organización criminal que se apropió ilegalmente de 47 terrenos entre el 2009 y 2013.

/PE/