El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un pronunciamiento en torno a la resolución del Tribunal Constitucional (TC) sobre demanda competencial del Congreso en contra del Poder Judicial, en el marco de lo que corresponde a su institucionalidad.

Al respecto, el colegiado electoral cuestionó la posibilidad de que se incluya al JNE como sujeto pasible de juicio político por parte del Parlamento, por cuanto ello atentaría contra los principios de separación de poderes, independencia, autonomía e imparcialidad.

Señalaron que un órgano eminentemente político como el Congreso tendría la competencia para ejercer control de las decisiones que emiten organismos jurisdiccionales y electorales a partir de la tramitación de un procedimiento de acusación constitucional.

“El mecanismo de control político resulta más grave aún en el caso del JNE, toda vez que es el organismo que proclama los resultados de los procesos electorales (como las elecciones presidenciales y congresales) y resuelve procedimientos y controversias jurídicas en la que las organizaciones políticas tienen la condición de parte”, señala el pronunciamiento del pleno del JNE.

El colegiado agregó que ello resultaría peligroso para la democracia y las instituciones del país, ya que los congresistas tendrían el poder de sancionar a quienes ejercen jurisdicción en causas en las que se encuentran relacionados directamente sus intereses políticos, lo que vulnera el derecho de ser juzgados por jueces imparciales.

Asimismo, el pleno del JNE sostuvo que es inexacto que él no someterlos a juicio político implica impunidad o ausencia de control de su actuación, ya que sus decisiones pueden ser cuestionadas ante la jurisdicción constitucional y sus miembros pueden ser denunciados penalmente ante la presunta comisión de delitos en el ejercicio de su función.

Precisaron que, en el caso del miembro que proviene de la Corte Suprema y de la Fiscalía Suprema, la Junta Nacional de Justicia efectúa el control disciplinario.

“Esto es, se reconoce la posibilidad de ejercer control técnico y jurisdiccional de las decisiones de los entes del Sistema Electoral, mas no resulta admisible ni constitucionalmente posible un control político a cargo del Parlamento”, agrega el documento.

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